Calumnias o injurias al rey, la reina y a ciertos miembros de su familia: Resúmenes de casos y extractos jurisprudenciales

3. STEDH asunto Otegi Mondragón c. España, de 15 de marzo de 2011.

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“… El apartado 2 del artículo 10 apenas deja lugar para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y el debate político –en el cual la libertad de expresión reviste la más alta importancia– o en cuestiones de interés general…

Además los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un hombre político, contemplado en esta calidad, que de un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia… Tiene ciertamente derecho a ver protegida su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, pero los imperativos de esta protección deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de expresión haciendo una interpretación más restrictiva…” (ap. 50).

Por lo que se refiere a los términos empleados por el demandante, los tribunales nacionales consideraron que eran ignominiosos, vejatorios e infamantes, en la medida en que atribuían al jefe del Estado «una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho», es decir la tortura («responsable de los torturadores”, «que protege la tortura» y «que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia»).

El Tribunal recuerda a este respecto que procede distinguir entre declaraciones efectivas y juicios de valor. Si la materialidad de los hechos puede probarse, los segundos no se prestan a una demostración de su exactitud; la exigencia que quiere que se descubra la verdad de juicios de valor es irrealizable y afecta a la libertad de opinión misma, elemento fundamental del derecho garantizado por el artículo 10. La calificación de una declaración de hecho o en juicio de valor depende en primer lugar del margen de apreciación de las autoridades nacionales, en particular de las jurisdicciones internas.

Por otra parte, incluso cuando una declaración equivale a un juicio de valor, debe basarse en una base efectiva suficiente, pues, de lo contrario, sería excesiva…

El Tribunal precisa también que la necesidad de proporcionar hechos que apoyan un juicio de valor es menos rigurosa cuando éstos ya son conocidas del público en general… En este caso concreto, el Tribunal observa que el Tribunal Supremo afirmó en su auto que las declaraciones en litigio eran juicios de valor y no afirmaciones de hecho. Sin embargo consideró que el contexto en el cual estas afirmaciones se habían realizado no podían justificar su gravedad, habida cuenta del hecho de que las denuncias de los responsables del periódico Egunkaria por presuntas torturas habían sido archivadas por falta de pruebas.

El Tribunal destaca que lo dicho por el demandante tenía un vínculo suficiente con las alegaciones de malos tratos, hechas público por el redactor principal del periódico Egunkaria en su liberación. Tiene en cuenta por otra parte que las fórmulas empleadas por el demandante podían comprenderse como inscritas en el marco de un debate público más amplio sobre la posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en casos de malos tratos…” (ap. 53).

“Examinando las expresiones en sí, el Tribunal admite que el lenguaje utilizado por el demandante haya podido considerarse como provocador. Sin embargo, si bien es cierto que todo individuo que entra en un debate público de interés general, como el demandante en este caso concreto, debe tener en cuenta de no superar algunos límites en relación, en particular, al respeto de la reputación y de los derechos de terceros, le está permitido recurrir a una determinada dosis de exageración, o incluso de provocación, es decir, de ser un tanto inmoderado en sus observaciones. El Tribunal observa que si algunos términos del discurso del demandante pintan un cuadro de lo más negativo del rey como institución y dan así a sus palabras una connotación hostil, no exhortan sin embargo al uso de la violencia, no se trata de un discurso de odio, lo que es al entender del Tribunal el elemento esencial que debe tenerse en cuenta…” (ap. 54).

“… El Tribunal constata a continuación que, para condenar al demandante, las jurisdicciones internas se basaron en el apartado 3 del artículo 490 del código penal, disposición que concede al jefe del Estado un nivel de protección más elevado que a otras personas (protegidas por el régimen común de la injuria) o instituciones (como el Gobierno y el Parlamento) respecto a la divulgación de informaciones o de opiniones que les conciernen, y que prevé sanciones más graves para los autores de declaraciones injuriosas (véanse apartados 27-29 supra).

A este respecto, el Tribunal ya declaró que una mayor protección por una ley especial en cuanto a ofensa no se ajusta, en principio, al espíritu del Convenio. En su sentencia Colombani y otros, antes citado, el Tribunal había examinado el artículo 36 de la ley francesa de 29 de julio de 1881, derogada más tarde, referente a los delitos contra los jefes de Estado y agentes diplomáticos extranjeros. Había observado que la aplicación del artículo 36 de la ley de 1881 confería a los jefes de Estado extranjeros un privilegio exorbitante, substrayéndolos de la crítica solamente en función de su responsabilidad o estatuto, lo que no podía reconciliarse con la práctica y las concepciones políticas actuales.

Por lo tanto había concluido que era el régimen derogatorio de protección previsto por el artículo 36 de la ley para los jefes de Estado extranjeros la que atentaba contra la libertad de expresión, y de ninguna manera podían estos últimos hacer sancionar los ataques a su honor en las condiciones de derecho reconocidas a toda persona (Colombani y otros, antes citado, § 69). En su sentencia Artun y Güvener, antes citada, el Tribunal consideró que lo que se había enunciado en la sentencia Colombani y otros, respecto a los jefes de Estado extranjeros, era aplicable con más razón tratándose de los intereses de un Estado de proteger la reputación de su propio jefe de Estado: este interés no podía justificar el conferir a este último un privilegio o una protección especial frente al derecho a informar y expresar opiniones al respecto… “ (ap. 55).

“… El Tribunal considera que, a pesar de las diferencias que existen entre un régimen republicano como el de Turquía, los principios que se desgajan de su propia jurisprudencia sobre este tema son en teoría tan válidos para un régimen monárquico como el de España, donde el rey ocupa una posición institucional singular, como lo recuerda el Gobierno. En efecto, en el asunto Pakdemirli antes citado, la protección excesiva del Presidente de la República se debía también a que la persona que ocupaba esta función era despojada del título de hombre político y llevaba el de hombre de Estado (Pakdemirli, antes citado, § 51). El Tribunal considera que el hecho de que el rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no puede ponerle al abrigo de cualquier crítica en el ejercicio de sus funciones oficiales o –como en el caso concreto que nos ocupa– como representante del Estado, que él simboliza, en particular, por parte de los que impugnan legítimamente las estructuras constitucionales de este Estado, incluso su régimen monárquico.

A este respecto, tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que liberó al demandante en primera instancia, recordó que criticar una institución constitucional no está excluido del derecho a la libertad de expresión (apartado 13 supra). El Tribunal destaca que es precisamente cuando se presentan ideas que sorprenden, que chocan y que contestan el orden establecido cuando la libertad de expresión es más preciada (Women él Waves y otros c. Portugal, no 31276/05, § 42, CEDH 2009-…). Además, el Tribunal considera que el hecho de que el rey sea «irresponsable» en virtud de la Constitución española, en particular a nivel penal, no puede suponer un obstáculo en sí al libre debate sobre su posible responsabilidad institucional, o incluso simbólica, a la cabeza del Estado, dentro de los límites del respeto de su reputación como persona…” (ap. 56).

“El Tribunal considera que en este caso, las declaraciones en litigio no cuestionaban la vida privada del rey (véase, a contrario, Norma Verlags GmbH c. Austria (no 2), de 2009, asunto en el cual se cuestionaban los aspectos íntimos de la vida privada del Presidente austriaco; ver también Von Hannover c. Alemania, § 64, CEDH 2004- VI) o su honor personal, y que no implicaban un ataque personal gratuito contra su persona (véase, a contrario, Pakdemirli, antes citado, § 46). El Tribunal tiene en cuenta también que para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las declaraciones del demandante no fueron pronunciadas en un contexto público y político, externo a «lo más íntimo de la dignidad de las personas» (apartado 14 de esta decisión). El Tribunal observa por otra parte que estas palabras no cuestionaban tampoco la manera en que el rey había realizado sus funciones oficiales en un ámbito particular ni se le atribuía cualquier responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta.

Las fórmulas empleadas por el demandante aludían solamente la responsabilidad institucional del rey como jefe y símbolo del aparato oficial y de las fuerzas que, según las declaraciones del demandante, habían torturado a los responsables del periódico Egunkaria…” (ap. 57).

“Por último, tratándose de la sanción, si bien es totalmente legítimo que las instituciones del Estado estén protegidas por las autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, la posición dominante que estas instituciones ocupan obligan a las autoridades a demostrar retención en el uso de la vía penal (véase, mutatis mutandis, Castells, antes citado, § 46; véanse también los trabajos del Consejo de Europa, apartados 30 y 31 supra). A este respecto, el Tribunal destaca que la naturaleza y la importancia de las penas impuestas son también elementos que deben tenerse en cuenta cuando se trata de medir la «proporcionalidad» de la injerencia. Observa la particular severidad de la sanción pronunciada: se condenó al demandante a un año de prisión. Su condena en lo penal por otra parte le implicó una suspensión del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, teniendo en cuando que era un hombre político…” (ap. 58).

“El Tribunal ya consideró que si la fijación de las condenas es en principio el atributo de las jurisdicciones nacionales, una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el ámbito del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio que en circunstancias excepcionales, en particular, cuando otros derechos fundamentales son gravemente atacados, como en la hipótesis, por ejemplo, de la difusión de un discurso de odio o de incitación a la violencia.

… El Tribunal remite a este respecto a la orientación dada en los trabajos del Comité de Ministros y de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre las penas de prisión en relación al discurso político…” (ap. 59).